Las autoridades de transición de Sudán informaron que entregarán al ex presidente Omar al Bashir, acusado de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad por la muerte de cientos de miles de personas en en Darfur, oeste del país africano en 2003, a la Corte Penal Internacional (CPI).

“Hemos acordado que todos aquellos sobre los que pese una orden de detención comparecerán ante la CPI, lo digo claramente”, afirmó el vocero del Consejo Soberano de Sudán, Mohamed Hassan al Taishi.

El portavoz habló en una conferencia de prensa en la capital de la vecina Sudán del Sur, Yuba, donde el gobierno y varios grupos rebeldes mantenían conversaciones para poner fin a las diversas guerras civiles del país, incluido el conflicto de Darfur.

“No podemos hacer justicia sin cerrar todas las heridas que tenemos con la propia justicia”, añadió Al Taishi, citado por la CNN.

No es la primera vez que las nuevas autoridades de Sudán se refieren a esta posibilidad.

En noviembre, el primer ministro sudanés, Abdallah Hamdok mostró su disposición a enviar a Al Bashir ante la CPI durante una visita a los campos de refugiados de Darfur.

El ex presidente (1989-2019), que fue derrocado en abril pasado por el Ejército tras meses de intensas movilizaciones populares, se encuentra encarcelado en una prisión de Jartum -la capital sudanesa- condenado a dos años por corrupción y acusado del asesinato de civiles por ordenar la sangrienta represión de las protestas.

Hasta ahora los generales que integran el Consejo Soberano de Sudán, un órgano creado tras largas y difíciles negociaciones e integrado por civiles y militares, rechazaban entregar a Al Bashir a la CPI, el tribunal con sede en La Haya, y se habían mostrado proclives a que dicha decisión fuera adoptada por el gobierno que surja de las urnas en 2022, cuando se complete el proceso de transición y se celebren elecciones libres.

Al Bashir, de 76 años, encabezó el país tras dar un golpe de estado y gobernó Sudán durante tres décadas con puño de hierro y el clave apoyo de su Ejército.

El conflicto de Darfur entre distintos grupos armados estalló en 2003 y el régimen sudanés apoyó a los yanyauid, a quienes se considera responsables de las peores masacres de una guerra que provocó unos 300.000 muertos.

En 2008, el entonces fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, acusó a Al Bashir de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, lo que desembocó en una orden de arresto internacional emitida en 2009.

Sin embargo, el ex presidente sudanés, el primer jefe de Estado acusado por La Haya, burló esa orden durante una década y se paseó impunemente por medio mundo ya que organismos como la Unión Africana o la Liga Árabe y países como Rusia y China se oponían a esa decisión.

Los propios militares que sostuvieron el régimen de Al Bashir lo derrocaron en abril de 2019 tras unas históricas protestas ciudadanas que comenzaron por el alza del precio del pan en diciembre de 2018 y pronto se convirtieron en manifestaciones antigubernamentales que pedían la partida del gobernante.

El régimen aguantó apenas cuatro meses hasta que las presiones internacionales por la violenta represión en la calle llevaron a los generales a tomar el poder.

El líder de la junta militar, Abdel Fatah al Burhan, es hoy el presidente del Consejo Soberano que lidera la transición.

Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/202002/431274-sudan-entregara-a-omar-al-bashir-a-la-corte-penal-internacional-por-genocidio.html

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